No hay planeta B: la actualización de las NDCs y el desafío colombiano
En el marco del Acuerdo de París, Colombia avanza en la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), identificando las acciones clave para transitar más allá de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de forma justa, ordenada y equitativa.
Desde POLEN Transiciones Justas, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y de manera articulada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hemos impulsado que esta actualización no solo cumpla con los llamados a la acción en el Balance Mundial, sino que integre principios de justicia climática y participación territorial. Nuestro rol ha sido articular esfuerzos multisectoriales para garantizar que la transición energética sea inclusiva y territorialmente equitativa.
Esta actualización no debe limitarse a ser un documento de intención, sino convertirse en una hoja de ruta efectiva que impulse transformaciones reales y sostenibles. La justicia climática, la participación comunitaria y la equidad territorial deben ser los pilares fundamentales para garantizar que la implementación de las NDCs no reproduzca desigualdades, sino que contribuya a la construcción de un país más sostenible e inclusivo.
¿Por qué es clave actualizar las NDCs en Colombia?
La actualización de las NDCs es una oportunidad para fortalecer y guiar las políticas nacionales de tal forma que respondan con mayor efectividad a la urgencia de la crisis climática global. Este proceso no solo implica establecer metas de reducción de emisiones, sino también garantizar que las estrategias multisectoriales de acción climática y transición estén articuladas, sean inclusivas y socialmente justas. Para ello, es imprescindible considerar varios aspectos fundamentales:
Participación multisectorial y territorial: La acción climática no puede depender únicamente del gobierno nacional; requiere la integración de diversos actores, incluyendo comunidades locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Así desde un enfoque colaborativo se permite que las NDCs reflejen las realidades, necesidades y capacidades de cada sector y territorio.
Transición Energética Justa: La descarbonización de la economía debe ir de la mano con la protección de los derechos laborales y la diversificación de oportunidades económicas para los trabajadores y comunidades que dependen de los sectores extractivos. Implementar una transición planificada y equitativa es clave para minimizar impactos negativos y fomentar modelos energéticos descentralizados y sostenibles.
Justicia climática e inclusión social: La crisis climática afecta de manera desproporcionada a comunidades en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que la actualización de las NDCs incorpore un enfoque de derechos humanos, equidad de género y reconocimiento de pueblos indígenas y afrodescendientes, asegurando que las soluciones climáticas no reproduzcan desigualdades, sino que promuevan el bienestar colectivo.
Financiamiento y sostenibilidad: Sin mecanismos de financiamiento adecuados, las metas establecidas en las NDCs pueden quedar en el papel. Es esencial garantizar fuentes de inversión pública y privada para la implementación de proyectos sostenibles, así como diseñar incentivos que faciliten la adopción de tecnologías limpias y modelos de producción resilientes al cambio climático.
La actualización de las NDCs no debe percibirse solo como un requisito internacional, sino como una herramienta clave para la transformación estructural del país hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible. Asegurar su implementación efectiva dependerá del compromiso político, la participación ciudadana y la capacidad de articular acciones concretas con impacto real en los territorios.
Avances y retos en la actualización de las NDCs
Avances significativos
La actualización de las NDCs en Colombia es una oportunidad para consolidar una agenda climática más ambiciosa y participativa, con avances clave en distintos frentes. Estos progresos reflejan el compromiso del país con la acción climática y su alineación con metas globales de sostenibilidad. Entre los logros más relevantes destacan:
Compromisos internacionales: Colombia ha fortalecido su posicionamiento en el ámbito climático global al adherirse a iniciativas como la Alianza para Dejar Atrás el Carbón (PPCA por sus siglas en ingles), el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, amigos de la alianza para ir más allá del petróleo y el gas (BOGA) y la Alianza para la Eliminación de Incentivos a los Combustibles Fósiles, lo que representa un avance significativo en la transición hacia un futuro post-fossil.
Políticas nacionales de descarbonización: Se han impulsado estrategias orientadas a la reducción de la demanda de combustibles fósiles, entre ellas la electrificación del transporte, las políticas industriales y la promoción de modelos productivos más sostenibles. Desde la demanda, políticas públicas para el despliegue de energías renovables han sido cruciales, en especial aquellas en el marco de la democratización de la energía que buscan dar mayor agencia a las comunidades y territorios en los sistemas energéticos.
Fortalecimiento de la participación social: La inclusión de actores comunitarios, académicos y del sector privado en la discusión de la NDC 3.0 ha sido un paso fundamental para asegurar que las estrategias climáticas respondan a las realidades del país. La ampliación de estos espacios de diálogo ha permitido recoger perspectivas diversas y fomentar una mayor apropiación de las metas climáticas en distintos sectores de la sociedad.
Desafíos persistentes
A pesar de estos avances, la implementación de las NDCs en Colombia enfrenta barreras estructurales que dificultan su ejecución efectiva. Entre los principales desafíos se encuentran:
Brechas en la implementación: Muchas de las medidas en la actual NDC carecen de planes claros de ejecución y financiamiento. Sin mecanismos robustos de inversión y seguimiento, existe el riesgo de que las NDCs queden en compromisos de papel sin un impacto real en la reducción de emisiones.
Dependencia de sectores extractivos: La dependencia económica de los combustibles fósiles en algunas regiones genera incertidumbre frente a la transición energética. La falta de alternativas económicas viables y de estrategias de diversificación productiva dificulta que comunidades y trabajadores puedan transitar hacia nuevos modelos de desarrollo sin afectaciones socioeconómicas. Por esto la relevancia que las acciones desde los territorios vayan más allá de la medición de las emisiones evitadas y vinculen a la población en el desarrollo de actividades productivas y descarbonizadas.
Articulación intersectorial: La implementación de las NDCs requiere una coordinación más efectiva entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Construir una estructura clara de gobernanza climática y veeduría ciudadana es clave para que las acciones no quedan fragmentadas y con menor impacto a nivel territorial.
Desigualdad territorial y acceso a medios de implementación: Muchas comunidades vulnerables aún no cuentan con infraestructura ni recursos para impulsar acciones territoriales que les permitan ser actores activos de la transición justa y adaptarse a los efectos del cambio climático. Si las acciones climáticas no parten del reconocimiento de las desigualdades existentes en el país, las soluciones seguirán invisibilizando a los territorios y exacerbando las brechas.
Para que la actualización de las NDCs no quede solo en compromisos formales, es imprescindible traducir estos objetivos en acciones concretas, articuladas y con mecanismos de financiamiento sólidos. El éxito de la transición energética y la acción climática en Colombia dependerá de la capacidad del país para garantizar que estas medidas se implementen con un enfoque territorial, asegurando impactos tangibles en las comunidades y sectores más vulnerables.
Desde POLEN Transiciones Justas, reafirmamos la urgencia de que las NDCs de Colombia estén profundamente arraigadas en los principios de justicia social y ambiental. La transición energética no puede limitarse a un cambio en la matriz de generación de energía, sino que debe convertirse en una oportunidad para cerrar brechas de desigualdad, fortalecer capacidades locales y garantizar que las comunidades sean protagonistas en la implementación de las acciones climáticas.
Abogamos por un modelo de desarrollo sostenible donde la equidad, la participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos sean el eje central de la acción climática. Lograrlo requiere compromisos firmes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil, así como una voluntad política decidida para priorizar soluciones estructurales y de largo plazo.
Para mayor información sobre la actualización de las NDCs en Colombia, se recomienda consultar los documentos oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
