La gestión del agua en el sistema eléctrico: una discusión que no puede esperar.


La situación que atraviesa el departamento de Córdoba, como resultado de inundaciones asociadas a eventos climáticos atípicos, invita a abrir una reflexión más amplia sobre el control y la gestión del recurso hídrico en el sistema eléctrico colombiano.
El agua es un recurso de carácter público y estratégico. Su administración operativa para generación de energía recae en agentes que realizaron inversiones legítimas para prestar un servicio esencial y que, naturalmente, deben recibir una remuneración adecuada. La discusión no es si deben ser remunerados, sino si el diseño institucional actual alinea de manera óptima los incentivos económicos con el interés público en la gestión de un recurso estratégico.
Más allá de las causas específicas de los eventos actuales —que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes—, lo relevante es que la variabilidad climática ya no puede considerarse un fenómeno excepcional. Los escenarios de lluvias intensas y sequías prolongadas tenderán a ser más frecuentes en los próximos años. Si el modelo de gestión del recurso hídrico y de operación del sistema eléctrico no incorpora plenamente esta nueva realidad climática, situaciones como la que hoy enfrenta Córdoba podrían dejar de ser atípicas y convertirse en parte recurrente del entorno operativo del país.
En un sistema predominantemente hidráulico, la decisión de almacenar o generar no es neutra: tiene implicaciones económicas. Bajo el esquema actual de mercado, conservar agua en embalses puede representar una estrategia racional desde el punto de vista financiero, especialmente cuando se anticipan periodos de mayor escasez y precios más altos.
La pregunta estructural es si estos incentivos intertemporales están completamente alineados con la gestión óptima del riesgo climático y territorial. ¿Existen mecanismos suficientes para garantizar que las decisiones de almacenamiento y generación respondan no solo a señales de precio futuras, sino también a criterios sistémicos de seguridad hídrica y energética?
En contextos de creciente variabilidad climática, esta discusión deja de ser teórica. Si la coordinación no es suficientemente robusta, el país podría enfrentar mayores tensiones entre eficiencia económica y gestión del riesgo.
En escenarios de vertimiento, donde el costo marginal del recurso hídrico es cercano a cero, surge otra pregunta fundamental: ¿el mecanismo de formación de precios refleja efectivamente esa abundancia? ¿Tiene sentido que en momentos de excedente hídrico los precios no transmitan esa señal a los usuarios? En cualquier mercado eficiente, la abundancia debería reflejarse en el precio.
Los análisis técnicos de IVY-POLEN indican que una gestión más coordinada y sistémica de los embalses podría generar eficiencias relevantes para el sistema y sus usuarios, con potencial de reducción tarifaria significativa. Esto no implica desconocer los derechos de los generadores sobre la energía producida, sino abrir una discusión sobre cómo se gestiona el recurso subyacente y cómo se pueden alinear mejor los incentivos individuales con el bienestar colectivo.
El debate no es ideológico ni coyuntural. Es estructural. ¿Estamos despachando la energía de la mejor manera posible para el país? ¿El modelo actual está preparado para el sistema eléctrico que Colombia necesita en los próximos 20 años? ¿Estamos optimizando el sistema en su conjunto o simplemente la posición de cada agente dentro de las reglas vigentes?
En un escenario de alta participación hidráulica, creciente penetración de renovables variables y mayor incertidumbre climática, resulta pertinente revisar si el modelo de operación y despacho está preparado para responder a estas nuevas condiciones.
Si quieres conocer más sobre los análisis técnicos que sustentan esta reflexión, están disponibles en polentj.org.




