La transformación energética se ha discutido en Colombia en clave ambiental, y ese encuadre ha dejado en segundo plano lo que está realmente en juego para sectores industriales y comerciales: el precio, su previsibilidad, y la confiabilidad de la energía que se va a consumir en la próxima década, y por esa vía su competitividad. Las decisiones que determinan esas condiciones se están tomando ahora, y los grandes consumidores tienen demasiado en juego para quedarse fuera de la discusión. Son los primeros beneficiarios de que la transformación se haga bien y los primeros afectados si se hace mal.
¿Cuánto va a costar la electricidad en la próxima década? ¿Qué tan previsible va a ser ese costo? ¿Va a estar disponible cuando llegue la próxima sequía? Son preguntas que los grandes consumidores se hacen hoy frente al planteamiento de una transformación energética. Vista desde ahí, la transformación deja de ser una postura y se convierte en un conjunto de opciones concretas sobre la competitividad de los sectores productivos.
La entrada masiva de energía renovable barata puede reducir la tarifa eléctrica y hacer el precio de la energía más previsible
Los consumidores enfrentan hoy un precio de electricidad que se encarece en términos reales, un sistema que se tensiona en cada sequía y una demanda que crece más rápido de lo que la oferta la acompaña. El sistema tiene poco margen, y no solo entre lo que produce y lo que consume. También en una planeación y una operación que no responde a las necesidades de un sistema que está cambiando. Esa combinación lo vuelve más caro y vulnerable, y hace que cualquier sequía obligue a recurrir a la generación más costosa disponible. La transformación del sistema, impulsada por la entrada a escala de la energía solar y eólica, ofrece nuevas alternativas y respuestas concretas a estas presiones.
El precio de la electricidad lleva 25 años subiendo para los consumidores industriales y comerciales. Entre 1994 y 2024 las tarifas industrial y comercial crecieron alrededor de 130% en términos reales, cerca de 1.25% promedio anual. El crecimiento se hizo más marcado a partir de 2008, cuando entró en vigor una nueva fórmula tarifaria y empezó a cobrarse el cargo por confiabilidad. En años recientes se sumó la presión de los precios internacionales de los combustibles, que llegan a la factura por la vía del componente de generación¹. Para empresas intensivas en consumo de electricidad esto se traduce en un costo operativo que va incrementando independiente de su eficiencia.
El componente de generación representa el margen de maniobra principal para reducir la tarifa en los próximos años. Pesa cerca de un tercio de la factura y es el que más creció en los últimos años¹, lo que hace que la composición del parque generador de la próxima década sea una decisión con efecto directo sobre el costo de la electricidad.
Al aumentar la dependencia del sistema en las plantas térmicas, el costo de generación queda expuesto al precio y volatilidad de los precios internacional de los combustibles. El país ya es importador neto de gas natural, de manera que el precio del combustible se define cada vez más por fuera de sus fronteras. En una sequía prolongada el sistema necesita más generación térmica justo cuando el gas es más escaso y costoso, y ese sobrecosto llega a la factura. Los consumidores industriales y comerciales, al ser usuarios del mercado no regulado, negocian el precio y absorben ese costo sin el amortiguamiento que la fórmula tarifaria y las coberturas contractuales le dan al mercado regulado. Para ellos, la sequía no es solo un riesgo de disponibilidad de energía, es también un riesgo sobre el precio al que la van a comprar.
Una expansión del sistema apoyada en energías renovables puede reducir el componente de generación de la tarifa en un 53% y el costo unitario en un 29% hacia 2038, según la modelación del sistema colombiano realizada por Ivy y Polen3. Las tecnologías solar y eólica son hoy las opciones más económicas para instalar nueva capacidad de generación4, pero su bajo costo no llega por sí solo a la factura. Hace falta una regulación y un diseño del mercado que trasladen esa reducción a la tarifa. Los contratos de largo plazo son el vehículo principal, y unas subastas bien diseñadas permiten fijar ese precio bajo y sostenerlo de forma estable y previsible durante 15 años o más. Para una empresa que planea inversiones a ese horizonte, la previsibilidad vale tanto como un precio bajo.
Los obstáculos que impiden la entrada de esa energía más barata terminan pagándolos los consumidores. No son obstáculos de costo ni de disponibilidad de la tecnología. Están en los tiempos para conectarse a la red, en la construcción de las líneas que transportan la energía y en unas reglas de operación que no responden al sistema que está cambiando. Cerca de la mitad de los compromisos de las plantas nuevas contratadas en 2019 aún no se materializan, en buena parte porque faltó la línea que debía llevar la energía desde La Guajira¹. Cada proyecto que no entra es energía barata que no se refleja en la factura.
La entrada a escala de solar y eólica, bien integradas, reduce el riesgo de racionamiento para los grandes consumidores en épocas de sequia
La entrada a escala de renovables aporta más que energía barata, también fortalece la capacidad del sistema de sostener el suministro en épocas de sequía. La confiabilidad del sistema colombiano se ha entendido alrededor de la disponibilidad de agua en los meses secos, porque fue diseñado y construido sobre una base hídrica apoyada en la generación térmica como respaldo. La entrada a escala de energía eólica y solar mueve el tablero, cambiando lo que se entiende por confiabilidad y cuál es la forma más económica de garantizarla. El sol y el viento no compiten con las hidroeléctricas, las complementan. Cada kilovatio-hora que aportan es agua que no se turbina y queda embalsada para cubrir al sistema durante una eventual sequía. Esa complementariedad exige que el sistema despache sus recursos de manera óptima y que valore cada uno por lo que le aporta al conjunto, sobre todo en los meses secos.
Bajo esas condiciones, el estudio de Ivy y Polen sobre el sistema eléctrico colombiano muestra que es posible operar de manera confiable con una participación conjunta cercana al 95% de generación hidroeléctrica, solar y eólica³. Uruguay recorrió ese camino en poco más de una década y hoy tiene uno de los sistemas con mayor penetración renovable y estables de la región.
Colombia necesita capacidad nueva pronto para garantizar el suministro en el corto plazo, dado que la oferta viene rezagada frente a una demanda en aumento y el fenómeno de El Niño vuelve a tensionar al sistema. Ahí la velocidad de instalación deja de ser un detalle técnico. Construir un parque solar o eólico toma 1-2 años. Una planta térmica toma entre 5-7 años. A eso se suman, en todos los casos, los tiempos de licenciamiento y conexión, que en Colombia pueden agregar varios años, su verdadero cuello de botella. La diferencia define qué alternativa responde más rápido y prepara al sistema para presiones futuras.
Por otro lado, el gas natural es hoy un recurso escaso y conviene usarlo donde rinde más o donde hay menos alternativas. Colombia pasó a ser importador neto de gas natural y en 2024 la producción nacional cubrió el 81% de la oferta, frente al 92% del año anterior. Cerca de un tercio del gas que consume el país se destina a generar electricidad, y ahí ya existen alternativas económicas y confiables, que son la combinación de solar y eólica sobre la base hidroeléctrica que el país ya tiene. En otros usos, como generación de calor en procesos, en hornos industriales y como materia prima, las alternativas son más limitadas, más costosas o lentas de adoptar. Al expandir el sistema con las opciones más baratas disponibles hoy, reduce la presión de la generación eléctrica sobre una oferta limitada y ese gas queda disponible para otros usos donde es más difícil de reemplazar.
Un sistema eléctrico limpio y competitivo abre mercados a la industria colombiana
Las mismas tecnologías que están conduciendo la transformación energética, también le permiten al consumidor jugar un rol mucho más activo en el desarrollo del sector. Además de contratar directamente energía de largo plazo, puede generar una parte de lo que consume, gestionar e incluso vender energía al sistema. La digitalización del sistema eléctrico pone al alcance del consumidor información valiosa que antes no circulaba, y con ella una capacidad real de decisión sobre cuándo y cómo consumir. De ese consumo más activo pueden surgir además servicios y productos que hoy no existen en el mercado colombiano. Cada una de esas decisiones cambian su posición en el sector: un consumidor que compra, genera y gestiona su demanda conoce de primera mano cómo funciona el sistema y qué le falta, dándole argumentos propios para ser parte de las discusiones donde se define su futuro.
Mas allá del costo operativo, la energía es hoy un criterio de localización y de acceso a mercados, y ahí se juega buena parte de la posición competitiva de Colombia frente al mundo. El precio de la electricidad y su origen limpio son hoy un criterio de localización de las multinacionales que evalúan dónde instalar producción, y ese criterio pesa en un momento en que las cadenas de suministro se están reacomodando hacia la región. Además, varias economías relevantes para el comercio exterior colombiano están incorporando el contenido de emisiones como criterio de acceso a sus mercados. Por ejemplo, la Unión Europea estableció un mecanismo de ajuste en frontera (CBAM) que cobra por el contenido de carbono de las importaciones de ciertos sectores5. Un sistema eléctrico competitivo y limpio deja de ser un atributo reputacional y pasa a ser un activo del país. Colombia parte de una posición favorable, y de las decisiones que tome en los próximos años depende que esa ventaja se traduzca en beneficios para su industria.
La agenda que le conviene al sector productivo impulsar
De todo lo anterior se desprenden tres decisiones que van a definir el precio de energía, la seguridad de su suministro y su competitividad en las próximas décadas, y el sector productivo debería estar en la mesa discutiéndolas: i) Una planeación que integre generación, transmisión y demanda en un solo ejercicio y que tenga capacidad de materializarse. ii) Esquemas de contratación de largo plazo que trasladen al comprador el bajo costo de la nueva generación y le den al inversionista la certeza que necesita. iii) Un despacho óptimo de los recursos, en particular del agua embalsada. No es una discusión exclusivamente ambiental como se tiende enmarcar. Los gremios industriales y de consumidores tienen razones para estar en esa conversación.
La energía que va a mover a la industria colombiana en la siguiente década se está decidiendo en discusiones sobre la expansión del sistema, contratos y reglas de operación que avanzan sin mayor participación de quienes van a pagar la tarifa. El sector productivo colombiano tiene ahí una oportunidad e interés propio. Una transformación bien hecha significa costos más bajos, precios más estables y un sistema que responde en momentos de escasez. Pero ese resultado no está garantizado, depende de las decisiones de regulación y de diseño de mercado que se tomen ahora y de quiénes estén en la mesa cuando se tomen.
- PSR y PHC, Evolución y desafíos de la prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia. Un análisis de 30 años, estudio elaborado para el Ministerio de Minas y Energía y la CREG con apoyo del Banco Mundial, presentado en taller sectorial, 2026.
- UPME. Balance Energético Colombiano. 2024; Estudio Técnico para la Adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2038 – Documento Complementario. 2025
- Transición Energética Justa en Colombia – Ruta técnica para un sistema eléctrico confiable, limpio y de menor costo en Colombia. Polen Transiciones Justas, Fundación Ivy. 2025.
- IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2025, Abu Dabi, 2026.
- Comisión Europea, Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), Reglamento (UE) 2023/956.