Avanza fallo histórico sobre el cierre de minas de carbón en el Cesar: un paso hacia una transición energética justa
Bogotá, 10 de febrero de 2025 - la Corte Constitucional emitió un fallo histórico (T-029 de 2025) que protege los derechos de las comunidades y los trabajadores de las minas de carbón en el Cesar, particularmente afectadas por el cierre de las minas de La Jagua y Calenturitas. Esta sentencia subraya la necesidad de que el cierre de las minas se haga de manera justa, respetando a las personas que han dependido de esta actividad económica durante años.
Un llamado urgente a la participación y el diálogo
La Corte ha ordenado a Prodeco, la empresa minera, crear una mesa de participación con las comunidades afectadas. Este espacio busca asegurar que las decisiones sobre el cierre y sus consecuencias se tomen en conjunto, con la participación de todos los actores involucrados.La empresa había convocado una sola reunión en 2022, por lo que la Corte ha subrayado que no cumplió con los acuerdos previos. Ahora, se exige una gran mesa de concertación que incluya a las comunidades, las autoridades y los sindicatos, para discutir medidas de compensación y restauración ambiental, social y económica.
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Transición energética justa: garantizar que nadie quede atrás
Este fallo es un paso crucial en la construcción de una transición energética justa, en la que las comunidades y los trabajadores que históricamente han dependido de la minería no sean dejados atrás. El cierre de minas no debe ser solo un proceso administrativo, sino una oportunidad para asegurar que las personas afectadas tengan acceso a medidas que les permitan adaptarse y prosperar en un nuevo modelo económico.
Un futuro con justicia social y ambiental
Desde POLEN Transiciones Justas, celebramos la decisión de la Corte y apoyamos el llamado a la Gran Mesa de Concertación. Es hora de que Prodeco cumpla con sus compromisos de restauración ambiental y compensación socioeconómica. Este fallo nos recuerda que una verdadera transición energética justa debe ser inclusiva y equitativa, y que el cierre de minas debe ser un proceso en el que las comunidades tengan una participación real.
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